Una mujer de 79 años mantiene una batalla judicial para poder cobrar un premio de 35.000 euros de la ONCE después de que se le denegara el pago al figurar inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, una inscripción que, según denuncia, fue realizada por su marido sin su consentimiento en 2012.
Carmen, viuda y residente en España, ganó el premio en agosto de 2025 y tenía previsto destinar el dinero a realizar un viaje a Portugal. Sin embargo, al intentar cobrar el cupón fue informada de que aparecía en el registro de personas que voluntariamente solicitan la prohibición de participar en actividades de juego.
La afectada sostiene que nunca solicitó dicha inscripción y afirma que fue su marido, ya fallecido, quien la registró sin su autorización. Por este motivo ha iniciado un procedimiento judicial para que se declare la nulidad de esa inscripción y pueda acceder al premio obtenido.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación empleados en las solicitudes de autoprohibición y sobre las garantías existentes para evitar inscripciones realizadas sin el consentimiento expreso del afectado.
La resolución judicial será determinante tanto para el cobro del premio como para aclarar el alcance de la responsabilidad administrativa en un registro concebido como herramienta de protección para las personas con problemas relacionados con el juego.
